Región Centro

Los jueces del poder

Sección
Integración
Fecha
13 de septiembre de 2017

Juan Carlos Vega *

Después de la llegada de la democracia, la justicia federal de Córdoba continuó ninguneando la verdad histórica.

Honorato de Balzac, en la Comedia Humana, muestra con fina ironía cómo era la vida social en la Francia de la Restauración Napoleónica, desde principios hasta mediados del siglo XIX. En esa galería de retratos sociales, aparecen los “Jueces del poder” como seres marcados por el oportunismo político, y sus actos, sólo fachadas y apariencias de justicia.

Esta descripción de Balzac sirve para entender lo que pasa con la Justicia argentina en 2017.

Los datos de las encuestas realizadas en los últimos 20 años por encargo del Colegio de Abogados de Córdoba y de la Asociación de Magistrados muestran una aguda desconfianza de la sociedad en la Justicia.

La causa principal de este malestar social es, sin duda, la desigualdad ante la ley y la impunidad de la que gozan los delitos del poder.

Los jueces del poder se caracterizan por tener un fino olfato político para protegerse, y a ese objetivo subordinan sus actos de justicia.

El ejemplo máximo de los jueces del poder se dio durante el terrorismo de Estado, y el caso más vergonzoso fue, sin duda, el del juez Federal de Córdoba que libraba “oficios de consulta” al general Luciano Benjamín Menéndez antes de sus decisiones judiciales (caso Mackentor).

Hoy en Córdoba se está juzgando a esos jueces del poder de Menéndez. Y aquí se sabrá si la Justicia Federal de Córdoba quiere y puede juzgarse a sí misma. Porque debe saberse que las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba con los crímenes de lesa humanidad no se agotan ni terminan en 1983.

Después de la llegada de la democracia, la Justicia Federal de Córdoba continúo silenciando la verdad histórica y rechazando todos los reclamos de las víctimas del terrorismo de Estado.

Es así que en el caso Birt ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los sobrevivientes de La Perla y de la UP1 debieron denunciar al Estado argentino por actos ilegales de los jueces federales de Córdoba, que les negaban de forma sistemática todo derecho de justicia.

Este es el primer caso argentino ante la CIDH que abre una solución amistosa (decreto 70/91), por la cual se reconoce a las víctimas los derechos negados por la Justicia Federal de Córdoba en plena democracia.

Estos son hechos históricos que acreditan con valor de prueba judicial que las complicidades de la Justicia Federal de Córdoba continuaron después de 1983. Y es prueba, además, de las violaciones por parte de la Justicia Federal de Córdoba de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Debemos suponer que estos hechos integran la prueba en la causa de los magistrados. Son los casos Birt, Guillermo y otros, números 10.288, 10.310, 10.436, 10.496, y Kejner-Ramis P 610 e Informe número 3/15.

La credibilidad de este juicio a los jueces de Menéndez dependerá de si se logra transparentar que los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia y protegidos por los jueces federales de la época fueron silenciados por la Justicia Federal de Córdoba después de 1983.

Y la prueba máxima de esta afirmación es el caso Birt ante la CIDH.

Lo cierto es que los jueces del poder de los que nos habla Balzac hoy son una realidad en la Justicia Federal argentina. Y en Córdoba, las diferencias entre la llamada “Justicia Legítima” y la tradicional “Justicia endogámica” son diferencias menores a la hora de defender y proteger los intereses de la familia judicial.

* Abogado de las víctimas de la UP1 ante la CIDH

Fuente: La Voz del Interior

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